martes, 5 de julio de 2011

SUPutamadre

El pasado 16 de marzo, en una comparecencia ante una de las comisiones de trabajo del Congreso de los Diputados, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía dijo textualmente (p.15): "La libertad ha sucumbido escandalosamente a la seguridad."

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&QUERY=%28CDC201103160731.CODI.%29

Si esto lo dice un madero en la sede del principal órgano ejecutivo de mi país, ¿te puedes imaginar cómo es el día a día en nuestras calles?

En fin, nos quedaremos pensando la impresionante frase del final: "queremos tener los beneficios y servidumbres que se deriven de (ser policías civiles)". Curiosas mentes degeneradas las de estos tipos, que se reconocen sin tapujos a sí mismos como siervos aprovechados de quien les paga:

Para concluir, quiero trasladar a sus señorías una gran preocupación del SUP y la UFP sobre el modelo de policía que hemos implantado en la práctica operativa, que en nuestro criterio pone en grave riesgo la seguridad jurídica de los policías y vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos. No podemos decir cuántos millones de identificaciones, pero son millones, se producen en España cada año, sumando las que llevamos a cabo todas las policías, las del Estado, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil más las autonómicas y las locales, pero si solo en Madrid se hicieron en 2009 casi 500.000, y nos consta que la dinámica operativa de exigir un determinado número de identificaciones a los servicios operativos de seguridad ciudadana y prevención está extendida en toda la nación y es aplicada por muchas policías, podemos asegurar que son millones, y la mayoría de ellas no cumplen los requisitos que exige el Tribunal Supremo para que un agente de la autoridad pueda exigir la identificación en la vía pública a un ciudadano que resulte sospechoso de haber cometido un delito o de que puede cometerlo.

Cada año no nos pueden resultar sospechosos millones de ciudadanos, salvo que lo que interese sea una justificación estadística de la actividad policial que se lleva a efecto atentando contra los derechos de los ciudadanos. Creemos que esa deriva que se inició con la aprobación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana de 1992, aunque muy lentamente, nos ha conducido a una situación de trabajo policial operativo en relación con los ciudadanos que ha dinamitado el discurso de la libertad y la seguridad como una balanza en permanente equilibrio. La libertad ha sucumbido escandalosamente a la seguridad. Hoy parece normal y es habitual que se instale un control en cualquier ciudad de España y se exija el documento de identidad a cualquier ciudadano que pasa por allí, o un control de vehículos, en el que si eres joven te cachean y registran el vehículo en la vía pública sin ninguna razón legal para ello y durante el tiempo que sea necesario. Y eso cuando no se provocan atascos monumentales en esos mismos controles, perjudicando a miles de ciudadanos. Nosotros creemos que salvo en el control de alcoholemia, en el que no se identifica al conductor sino que sopla y se hace en unos segundos y es un control necesario para impedir un mal mayor, en todos los demás estamos actuando con gran desprecio a los derechos de los ciudadanos y ponemos en riesgo la seguridad jurídica de los policías, que no son los responsables de actuar así porque se limitan a cumplir las órdenes que reciben de sus superiores. Señorías, no vale seguridad a cualquier precio ni vale cualquier cuerpo de policía. Y aquí enlazo este comentario con lo dicho antes respecto al artículo 1 de la Ley de derechos y deberes y el modelo de policía que se pretende.


Nosotros somos la policía civil del Estado español y queremos tener los beneficios y servidumbres que se deriven de ello, ni más ni menos, pero tenemos claro, y nadie nos va a imponer otra cosa, que queremos ser policías constitucionales que respeten escrupulosamente los derechos de los ciudadanos, porque solo así se puede honestamente plantear la exigencia de respeto a nuestros derechos profesionales, sindicales y civiles.