Hoy es miércoles, 15 de junio de 2011. Hace tres semanas y media que comenzó la Revolución de Madrid.
La acampada de Sol se desmanteló el domingo pasado, dejando algunos campistas rezagados y un hermoso caballo de Troya hecho con palés, donde se seguirá guardando nuestra artillería de informaciones, nuestros sueños de asalto, nuestra capacidad de sorpresa. Aquel que pretenda retirarlo por la fuerza de la superficie solar se encontrará en pocas horas la visita de una legión de indignados.
En los barrios, la revolución sigue en marcha, y la desaparición de la Acampada de Sol, con su potencia cegadora, clarifica las ideas. Las asambleas autónomas de los distritos y municipios de Madrid, al contacto con los problemas reales de sus vecinos, están experimentando un claro proceso de pragmatización, perfectamente observable en las dos sesiones y media que la mayoría de ellas han celebrado (el sábado 28 de mayo a las 12:00, el sábado 4 de junio y el sábado 11, truncada por la petición de solidaridad con la acción de boicot a la investidura de la nueva corporación municipal en la Plaza de la Villa).
Hay cuatro ejes fundamentales en torno a los cuales, de momento, las asambleas populares de los barrios de Madrid están estableciendo su atención de forma prioritaria: la paralización de los desahucios, el bloqueo de las redadas racistas, la lucha activa contra los procesos de privatización de servicios públicos y el enfrentamiento directo con los recortes en los derechos laborales. Una convicción articula estos cuatro ejes: que la acción directa pacífica es el mejor camino para llevarlos a buen puerto.
Por lo que respecta a la paralización de los desahucios, esta mañana se ha producido una noticia espléndida. La Asamblea Popular del Barrio de Tetuán, en colaboración con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, acaba de conseguir que Anwar, Tatiana y su hija de 15 años sigan viviendo por un tiempo en su casa de la calle Naranjo. Es el primer desahucio paralizado en Madrid, después del buen puñado de ellos cosechado en la región de Murcia y en Cataluña. Desde las 9.30 de la mañana, un montón de vecinos se plantaron en la puerta del inmueble, hasta que la comisión judicial encargada de poner a Anwar, Tatiana y su hija de patitas en la calle, siguiendo las órdenes del magistrado de turno, decidió que era mejor aplazar la comisión de dicho atentado y no enfrentarse así al grupo de solidarios pacíficos, que hacia las 12 del mediodía llegó a alcanzar las mil unidades. A partir de ahora, se generará una nueva orden de desalojo, lo que, según están las cosas en la justicia madrileña, puede llegar a tardar hasta nueve meses. No en vano, desde el pasado 1 de junio los abogados del turno de oficio de la Comunidad de Madrid están en huelga para reclamar sus sueldos atrasados, no cubriendo la asistencia en contenciosos de tipo “administrativo” (donde no hay presos o detenidos), como son estos litigios relacionados con desalojos forzados de personas que no pueden afrontar los pagos de las cuotas de sus hipotecas o las mensualidades de sus alquileres. La oficina del BBVA en el barrio de Tetuán que concedió, en condiciones claramente abusivas y fraudulentas, el crédito hipotecario a Anwar y su familia, ha tenido que cerrar también antes de tiempo esta mañana ante la protesta que un buen número de vecinos protagonizó a sus puertas.
En cuanto al bloqueo de los controles por perfil étnico que a diario realiza la Policía Nacional en bocas de metro, intercambiadores, locutorios, albergues, comedores sociales, etc., varias comisiones de trabajo en los barrios de Madrid están avanzando a marchas forzadas. En algunos distritos, como el de Carabanchel, ya se ha conseguido paralizar una redada: fue el pasado sábado 4 de junio por la tarde, mediante una acción colectiva espontánea que consistió en acercarse con las manos en alto a los funcionarios que se disponían a secuestrar a tres de sus vecinos y gritarles al unísono que ningún ser humano es ilegal. Además, la Asamblea de ese barrio obrero de Madrid ha consensuado que, si se vuelve a tener constancia de que se está cometiendo una redada racista en su barrio durante futuras asambleas generales o incluso mientras esté reunido alguno de los grupos de trabajo, los allí presentes volverán a ponerse en pie de paz para detenerla.
Por otra parte, en el barrio de Guindalera, el pasado sábado por la mañana, también hubo una marcha para parar una redada policial contra vecinos suyos con aspecto de extranjeros. Les faltó un poco de coordinación. Cuando llegaron al lugar donde se estuvo perpetrando el control racista, los racistas controladores ya no estaban. Sospechan que los policías municipales que vigilaban su asamblea desde el principio dieron el chivatazo a los nacionales en cuanto les vieron moverse, evitando el consiguiente sonrojo de sus compañeros y una pequeña victoria más para el Movimiento.
En definitiva, creemos que es sólo cuestión de tiempo que las asambleas de los barrios de Madrid logren articular mecanismos eficaces para defender a sus vecinos migrantes pobres (a los extranjeros que tienen pinta de pudientes nunca les paran) de este tipo de prácticas policiales indignas e ilegales. Los controles racistas y las redadas se acabarán tan pronto como el enfrentamiento directo con la policía en defensa de la legislación vigente y los derechos humanos fundamentales se convierta en un hábito de costumbre entre los vecinos de Madrid. Otra cosa es que el ministro del Interior, que a día de hoy todavía niega la existencia de dichas prácticas policiales, sea juzgado y condenado por lo que es: el cabecilla de una organización armada que se dedica al secuestro y tortura de personas, seleccionadas según el color de su piel y el precio de su vestimenta.
En tercer lugar, el combate a las políticas privatizadoras de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid ha tomado cuerpo hasta el momento en dos acciones concretas, que auguran muchas más. Una fue la intervención exitosa frente a la orden de desalojo de los ocupantes (principalmente padres de chicos discapacitados) del antiguo Centro Ocupacional Magerit, organizada el pasado miércoles por la Asamblea Popular de Carabanchel, bendito barrio. La otra fue la manifestación que la Asamblea de Arganzuela, con la colaboración de la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad (CAS), convocó el jueves pasado a las puertas del Centro de Salud de Pontones, antiguo espacio que acogía a los equipos de Atención Primaria del Área 11 de la Comunidad de Madrid y que se ha reconvertido desde hace unos meses en Centro de Especialidades Periféricas gestionado por empresas privadas.
Por último, en Madrid hubo la semana pasada dos importantísimas concentraciones en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, que servirán de baliza para la macromanifestación del próximo domingo 19. La primera de esas concentraciones, organizada desde la Asamblea de Lavapiés, sentó junto al Congreso a unas ochocientas personas. Fue el miércoles día 8 entre las 7 de la tarde y las 2 de la mañana, con fortísima presencia policial, y en protesta contra la nueva Reforma de la Negociación Colectiva que se iba a aprobar por decretazo dos días después. La segunda fue el jueves 9 de junio, en horario parecido, y con un motivo añadido: la solidaridad con los compañeros agredidos esa misma mañana en la ciudad de Valencia. La aprobación de la nueva Reforma de la Negociación Colectiva transmitía un mensaje claro por parte del actual gobierno: nos importa un rábano lo que diga la gente en las calles, nosotros vamos a seguir acabando con los derechos conquistados por los trabajadores de este país durante décadas de lucha, porque así nos lo dictan quienes verdaderamente mandan, que son los bancos, las instituciones financieras internacionales, las multinacionales.
Ante ese desafío, la reacción del pueblo de Madrid ha sido contundente y por lo menos ha conseguido ya dos cosas muy importantes: apropiarse de forma simbólica de un espacio al lado del Congreso por el que, hace un mes, ni se podía pasar sin que, con tanta cámara, tanto policía y tanto guardián armado, le temblaran a uno las rodillas de miedo; y desactivar la actitud perversa que desde hace años los sindicatos del poder, CCOO y UGT, en connivencia con sus amigos patrones, banqueros y gobernantes, se han afanado en transmitir a los trabajadores de este país: contra las leyes antisociales no se puede hacer nada, de nada sirve manifestarse antes de que te den la puñalada trapera, si hacemos una huelga o convocamos una manifestación, que sea de mentirijillas, que el pueblo no se dé cuenta del poder que tiene su voz en las calles.
En esa misma línea, unas horas antes de que el Consejo de Ministros diese el visto bueno a la Reforma de la Negociación Colectiva, la Asamblea de Sol organizó una ocupación simbólica de la sede de la CEOE, y después de un par de horas convocó una manifestación frente al Ministerio de Trabajo. El decretazo con la nueva Reforma Laboral se pasó de todas formas, pero el pueblo trabajador de Madrid ya ha comprendido que el único camino que tiene es la lucha, y que ninguna agresión debe quedarse, a partir de ahora, sin respuesta.
De hecho, esa respuesta la conocieron los políticos madrileños pocas horas más tarde. La misma mañana del sábado, miles de personas se acercaron a la Plaza de la Villa con motivo de la investidura de la nueva corporación municipal. El alcalde, los concejales y los demás “servidores” públicos del municipio tuvieron que celebrar la investidura de su alcalde con banda sonora de cacerolas, y sólo pudieron salir del Palacio de la Villa después de que los antidisturbios de la Policía Nacional levantasen uno por uno y a base de puñetazos, patadas, amagos de asfixia y arrastrones por el suelo a los cientos de manifestantes que nos organizamos para cerrarles la salida. El aperitivo que tenían previsto tomarse en el antiguo edificio de Correos debieron de cambiarlo por una frugal merienda en otro lugar más tranquilo, porque la plaza de Cibeles fue cortada al tráfico por manifestantes durante más de tres horas, y una impresionante cadena humana impidió el paso de cualquier vehículo al lugar del ágape desde la Gran Vía, Recoletos, o la calle de Atocha.
Ante esos pequeños incendios de esperanza que las asambleas de los barrios de Madrid están prendiendo en diferentes puntos de la capital del Reino, el gobierno central ha ofrecido ya un par de muestras de repliegue táctico, dos curisoso amagos de reformas apagafuegos. A través de su boletín oficial, que es el Diario El País, el gobierno ha difundido dos titulares de portada consecutivos: el primero anteayer sugiriendo que la cúpula del PSOE estaba de acuerdo en un adelanto de las elecciones generales, y otro ayer planteando en boca del ministro de Trabajo la posibilidad de subir, si acaso es que sobra el dinero a finales del próximo año, un incremento significativo del salario mínimo interprofesional.
Como si el pueblo de este país fuera todavía idiota. Como si no fuéramos a darnos cuenta de que esos no son manguerazos, sino cortinas de humo. La verdadera estrategia que tiene diseñada el Gobierno para apagar la rebelión de Madrid es bien distinta, y consiste en una caza de brujas sistemática, indiscriminada y por sorteo, como en los viejos tiempos, contra toda persona viviente que haya participado en las movilizaciones del 15-M. Esa caza de brujas se llevará a cabo, ténganlo ustedes por seguro, tan pronto como el Movimiento empiece a tocar las líneas de flotación del sistema. De momento, ya hemos tenido un par de ejemplos.
Hace unos días la Policía Nacional sacó a punta de pistola de sus camas, al más puro estilo de las dictaduras del Cono Sur, a tres internautas de los miles que hemos efectuado ataques de denegación de servicio contra páginas web de partidos políticos que nos coartan nuestra libertad, contra instituciones públicas que nos violentan, o contra gobiernos dictatoriales del Norte de África y Oriente Medio que matan a sus ciudadanos en las calles mientras nuestros gobernantes les suministran las armas para hacerlo. A los chicos de Anonymous detenidos se les presentó ante los medios de comunicación como integrantes de una banda terrorista internacional, en un gesto que parecería de Mortadelo y Filemón si no fuera a acabar con condenas contra ellos de hasta tres años de cárcel.
Ayer por la tarde dos militantes del Partido Comunista de los Pueblos de España fueron detenidos en Candás, Asturias, acusados de pertenencia a banda armada y actos de terrorismo que sólo ocurrieron en la mente del inspector jefe de la Comisaría de Gijón donde están retenidos, por orden de sus superiores en Madrid.
He aquí la verdadera estrategia del gobierno y los poderes fácticos españoles para silenciar a las multitudes, cada vez más grandes, que han decidido no callarse más ante sus abusos.
Pero de eso hablaremos, si nos dejan, mañana. Ahora nos vamos a la concentración de apoyo a los indignados griegos en la puerta de la Embajada de Grecia en Madrid. Los que allí están ahora ya nos están avisando de que la policía los ha identificado y los está amenazando por ejercer su derecho a manifestarse. Nos da lo mismo. Es imprescindible que nuestros compañeros en Grecia sepan que aquí en Madrid los estamos mirando. En realidad, estamos convencidos que eesde la Plaza de Syntagma en Grecia nos mostrarán esta tarde el camino de lo que debemos y no debemos hacer aquí en Madrid el próximo domingo.
Que tenga el pueblo griego mucha salud.
